Todo sobre el artículo 155
- Adrià Huertas Vidal (@adriahuertas19)
- 22 oct 2017
- 5 Min. de lectura
Para llegar a entender qué es y qué supone la aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española debemos ir a la Carta Magna. Dice así:
"Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas."
Para el Gobierno español, y según dicta la ley, su aplicación está más que justificada puesto que ya se han producido los requerimientos previos al Presidente de la Comunidad Autónoma, en este caso Catalunya, es decir a Carles Puigdemont. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que no se ha respondido a dicho requerimiento sobre si se había declarado o no la independencia de Catalunya, por lo que pasa a definir los términos en los que se va aplicar el 155. Además, cuenta con el apoyo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, segunda y cuarta fuerza en el Congreso de los Diputados.
La duda que queda es saber cuáles serán las "medidas necesarias" que tomará el Gobierno español. Al tratarse de una medida "correccional" para reconducir a Catalunya a la legalidad no debe extralimitarse. Una de las formas en que se puede aplicar el 155 es para disolver el Parlament de Catalunya y convocar unas elecciones autonómicas. Pero hay quien habla de ir más allá y tomar medidas como intervenir los medios de comunicación privados (TV3 y Catalunya Ràdio), los cuerpos de seguridad nacional (Mossos d'Esquadra) y el control de consellerias como la de economía, educación o sanidad. En ningún caso la aplicación del 155 ordena el encarcelamiento de cargos públicos puesto que eso corresponde al poder judicial. Del mismo modo que tampoco justifica la intervención del ejército que para que intervenga debe haber delitos de rebelión y declararse el Estado de Sitio, dos escenarios inexistentes ahora.
¿Cuáles son los procedimientos hasta aplicar el artículo 155?
Las medidas que aprueba este sábado el Consejo de Ministros se trasladarán a la Mesa del Senado que se reúne el mismo día. Dicha Mesa iniciará los trámites de la activación del 155 y la Generalitat tendrá un tiempo para presentar alegaciones e incluso Puigdemont podrá comparecer en la Comisión General de Comunidades Autónomas. El proceso podría finalizar con pleno en el Senado y la votación sobre si finalmente se aplica o no el 155 el próximo viernes 27. Para que la cámara alta lo apruebe necesitaría el beneplácito de 2/3 de los senadores, es decir 177 de los 266 que hay. Teniendo en cuenta que PP, PSOE ya suman 211 senadores, el paso del 155 por el Senado podría considerarse un simple trámite para su final implantación.
¿Qué motivos tiene el Gobierno español para llevar a cabo el artículo 155?
Para explicar los motivos en los que se justifica el gobierno de Mariano Rajoy para aplicarlo se tienen que dividir entre motivos jurídicos y objetivos. Los primeros corresponderían al seguimiento del ordenamiento jurídico español y los segundos a criterios totalmente partidistas.
Motivos jurídicos.
1. Restablecer el orden Constitucional
En todas las Constituciones europeas existe un artículo que obligue a cumplir la Carta Magna. En el caso español es el 155 y se aplica para "hacer volver a la legalidad constitucional" al gobierno catalán.
2. Acabar con la "desobediencia a la Constitución y el Estatuto"
Desde la Moncloa se quejan que, aunque el Tribunal Constitucional ha anulado a través de "un gran número de sentencias" los diferentes pasos del 'procés' que se saltaban la Constitución, sus líderes "han continuado con su deriva secesionista", lo que supone una "reiterada desobediencia".
3. Defender el interés general de España
Ante esta situación de "incumplimiento reiterado", el Gobierno español considera que las "pretensiones secesionistas están motivando un serio deterioro del bienestar social y del crecimiento económica tanto de Catalunya como del resto de España".
4. No respuesta al requerimiento de Rajoy
Desde la Moncloa se considera que Puigdemont no ha respondido de forma clara a los requerimientos de Rajoy plasmados en dos cartas. Por lo que según ellos no hay una respuesta clara a la pregunta si ha declarado o no la independencia de Catalunya, el gobierno español considera que puede llevar a cabo el 155.
Motivos objetivos.
5. Restaurar la legalidad constitucional y estatutaria
El gobierno español acusa a la Generalitat de haber actuado "sin sometimiento a ninguna ley" y por eso se tienen que "garantir el funcionamiento del autogobierno en el marco de los principios y las normas fijados en la Constitución y el Estatut".
6. Asegurar la "neutralidad institucional"
El ejecutivo español señala que se tiene que asegurar la neutralidad para que el "interés general" esté por encima "de los intereses políticos".
7. Garantizar el mantenimiento de los servicios públicos y la recuperación económica
El Gobierno español considera que las "aspiraciones soberanistas" han generado "incertezas" y una "amplia desconfianza", provocando el traslado de sedes sociales y "descentivando inversiones y desmotivando el turismo".
8. Preservar los derechos de todos los catalanes
Para acabar, el Gobierno español también justifica la intervención como método para "preservar los derechos de todos los catalanes", porque los "derechos y libertades han quedado desprovistos de cualquier garantía".
¿Cómo lo va aplicar el Gobierno español?
Tras el acuerdo al que han llegado PP, PSOE y Ciudadanos, el Gobierno español ha decidido que las “medidas necesarias” que contempla el artículo son las siguientes:
1. Se cesará al presidente y viepresidente de la Generalitat de Catalunya y a todos los consellers del gobierno catalán. Estos puestos serán substituidos por los diferentes ministerios correspondientes del gobierno español.
2. El presidente de la Generalitat que substituya a Carles Puigdemont deberá convocar elecciones autonómicas cuando se produzca una “situación de normalidad politica” pero con un plazo máximo de seis meses.
3. La administración de la Generalitat seguirá funcionando bajo las directrices de los correspondientes ministerios del gobierno central.
4. El Parlament de Catalunya no se disolverá y seguirá cumpiendo su “función representativa” hasta que se disuelva para convocar elecciones. Sin embargo, no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni plantear plenos de investidura. Tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente en Catalunya ni podrá iniciar iniciativas legislativas contrarias a la Constitución y el Estatut.
5. La dirección de los medios de comunicación públicos pasarán a manos de los nuevos gestores de a Generalitat designados por el Estado español. El director de TV-3, Vicent Sanchis, y los altos argos de esos medios públicos no serán destituidos autonmáticamente, pero se les vigilará para que cumplan con “una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluraismo político, social y cultural, y también en el equilibrio territorial”.
6. En cuanto a los Mossos d’Esquadra, el texto enviado al Senado preveé que el control sea asumido por un “órgano o autoridad creado o designado” por el Gobierno español, que dará las “instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los miembros de la Policia de la Generalitat de Catalunya”. Además, “en caso de que sea necesario”, los ministros autorizan que los Mossos sean “substituidos por efectivos” del Cuerpo Nacional de Policia y de la Guardia Civil que podrán ser desplegados en Catalunya.
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