¿Qué se vota el 1 de octubre?
- Juan Manuel Salgado (@Juannmma92)
- 30 sept 2017
- 2 Min. de lectura

La ética de la estrategia independentista puede ser más que discutible. El hecho de movilizar a centenares de miles de personas para instarles a incumplir la Ley, desobedecer órdenes del Tribunal Constitucional y ponerlas en riesgo ante las consecuencias que puede acarrear un delito, se puede calificar como un acontecimiento extremadamente imprudente, en términos cautos.
Es cierto que, pese al vaivén de cifras que bailan en los medios al son de los intereses económicos que sostienen a cada uno de ellos, durante los últimos años, el trato fiscal a Catalunya ha sido más que discutible. No lo digo yo, ni la prensa independentista, lo ponen en relieve medios de indiscutible prestigio como el New York Times. Pero tampoco podemos obviar que una región puntera en Europa como es Catalunya, en el marco de convivencia que se encuentra dentro del estado español, aportar más que recibir es un acontecimiento razonable, debido a las dificultades que pueden atravesar otras regiones con importantes carencias en cuanto a producto interior bruto, creación de empleo y demás métodos financieros.
Una vez expuesto lo anterior y para hacer referencia al monotema estrella de estas últimas semanas, cabe hacer una detenida reflexión. Es cierto lo que algunos auguran de que, si Catalunya se independiza, se resentiría económicamente, ya que su capacidad para financiarse se vería extremadamente complicada. Pero, el estado español, también sufriría graves estragos, teniendo en cuenta algo básico que nadie puede obviar. Catalunya representa casi una quinta parte de todo el PIB español.
Poniendo sobre la mesa estos datos incuestionables y teniendo en cuenta el juego de la política, que consiste en dar forma a una realidad subjetiva para ganar adeptos y empujar a la mayor parte posible a apoyar los intereses propios de un partido y un territorio, ¿a quién le interesa la independencia de Catalunya? ¿Ante una propuesta de concierto catalán se induciría a calmar el ansia popular del derecho a decidir? ¿Beneficiaría esto económicamente más a España, o sería preferible seguir en un escenario de inestabilidad política en uno de sus territorios más notables?
Creo que después de estas cuestiones retóricas, dejo clara mi opinión. Sin ser del todo fiel a mi objetividad, debo reconocer el éxito en la estrategia de los partidos independentistas, que uniéndose y haciendo fuerza, han logrado que una situación política adversa, se convierta en un escenario ventajista y de desesperación para la parte contraria negociante, en este caso, el estado español. Mantengamos todos la calma y asumamos la realidad política actual.