Guatemala: claves de una tragicomedia
- Marcelo Desena (@marcelo_desena)
- 28 sept 2017
- 3 Min. de lectura
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) funciona desde 2006 bajo un acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala. Opera bajos las leyes guatemaltecas, en las Cortes guatemaltecas, usando el procedimiento penal de Guatemala. Según lo manifiesta su mandato, su “finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos.” En el aparente cumplimiento de esta tarea, entra en conflicto con el gobierno presidido por el comediante Jimmy Morales.
La tormenta política desatada en Guatemala por las investigaciones de un caso de desfalco al fisco —en el que aparecen involucrados el hijo y el hermano del mandatario—, junto a las acusaciones contra el partido de gobierno, ocasionaron la ruptura entre Morales y la CICIG.Asimismo, la Comisión investiga el financiamiento ilícito en la campaña presidencial de 2015 del actual presidente.
Como evidente respuesta, Morales declaró persona non grata al jefe de la CICIG —el colombiano Iván Velásquez— y le ordenó que abandone Guatemala, desencadenandoasí una crisis política e institucional en el país centroamericano. Morales esgrimió en su discurso que su motivación estaba dirigida por la defensa de los “intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un Estado de derecho, y la institucionalidad”.
En tanto, la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia jurídica del país, frenó la decisión de expulsión del jefe de la CICIG por considerarla "ilegal".Continuando con la investigación sobre el actual presidente de Guatemala, el Ministerio Público y la CICIG realizaron el pedido de antejuicio a Morales. En este caso, quien debía expedirse era el Congreso de Guatemala.
El Congreso de Guatemala consideró el pasado 21 de septiembre el antejuicio del presidente Jimmy Morales, pedido por la fiscalía para juzgarlo por financiación electoral ilegal, pero sin alcanzar los 105 votos necesarios para despojar al mandatario de inmunidad. Con 70 votos el pleno del Congreso dijo no al retiro de la inmunidad.
La respuesta popular no se hizo esperar, y una multitudinaria concentración —convocada por organizaciones sociales y sectores de la oposición— exigió la renuncia de Morales y sus diputados.
Morales, encontró una válvula de escape al conflicto con su visita a la ONU. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente guatemalteco afirmó que “Es muestra de nuestro más firme propósito fortalecer la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y trasladar sus capacidades a las instituciones del Estado, para lo cual la Administración ha hecho un incremento significativo al sector justicia (...) para que sea fuerte”. Afirmó su compromiso para “combatir la corrupción” y señaló limitantes al accionar de la CICIG, evidenciando el intento de un paulatino desmantelamiento por traslación de competencias al Poder Judicial.
En tanto, en el Barrio de Salamanca de Madrid, este 26 de septiembre fue detenido el exembajador de Guatemala en Estados Unidos por un delito de cohecho. Julio Ligorríaera buscado por una Orden Internacional de Detención para Extradición (OIDE) interpuesta por la justicia guatemalteca. El origen de los cargos surge de una investigación llevada a cabo por las autoridades de Guatemala y la CICIG, en la que se relaciona a Ligorría con una organización delictiva de captación de fondos para financiamiento de políticos de alto perfil de la pasada administración. Mediante la investigación se determinó que Ligorría participó en el esquema de financiación ilícita del partido Patriota de Guatemala, en aproximadamente 1.750.000 euros.
En una nación en que la connivencia entre mafia y política es herencia directa de una ominosa dictadura setentista —que cobró la vida de más de 200.000 personas—, la existencia de mecanismos que colaboren con la justicia en la lucha contra la corrupción parece imprescindible.
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