Va de alcaldes
- Anna Norte (@annanorte)
- 15 sept 2017
- 2 Min. de lectura
Espero que todo el mundo lleve los cinturones abrochado porque han comenzado las curvas y los acelerones. Pero es cierto que ya hemos sido avisados con anterioridad.
La semana anterior, con la aprobación de las leyes de referéndum y de transitoriedad, España descubrió que el gobierno de Puigdemont no iba de farol y que hay una mayoría de ciudadanos dispuestos a hacer la independencia y asumir las consecuencias.
Superado el 11S, el gobierno estatal ha comenzado a trabajar a fondo para impedir la celebración del referéndum de autodeterminación de Catalunya. Una de las iniciativas más polémicas de estos últimos día ha sido la que ha adoptado el Gobierno de la Generalitat del ha sido involucrar a los alcaldes catalanes en su plan de referéndum.
Al día siguiente, el fiscal general del Estado, Maza, ordenó a los fiscales de Cataluña que citen a declarar los 712 alcaldes que han firmado el decreto de apoyo del 1-O. Además, ordenó a los Mossos que, en caso de no comparecer, los detengan y los lleven a la fiscalía en cumplimiento de sus funciones de policía judicial. El fiscal ve en la conducta de los alcaldes indicios de los delitos de “desobediencia, prevaricación y malversación de fondos”, después de que la convocatoria del referéndum haya quedado suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional. La Fiscalía además se ha querellado contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O.
No deja de ser un hecho insólito y que se hayan citado a más de 700 alcaldes por firmar un decreto de apoyo al Gobierno, en su apuesta por el referéndum de autodeterminación. La CUP ya ha anunciado que desobedecerá. Tras un comunicado anunció que sus alcaldes no irán a declarar ante la Fiscalía, a pesar de que han sido citados como investigados por apoyar el referéndum.
Joaquim Forn, del PDeCat, ya ha señalado que la gran mayoría de los alcaldes se ha mostrado partidario a ir a declarar ante la Fiscalía, pero no ha podido descartar la posibilidad de que los Mossos tengan que intervenir, si algunos se niegan a hacerlo voluntariamente.
Como ejemplo del continuo bloqueo a las fuerzas soberanistas, la Guardia Civil desactivó, el mismo día, la web del referéndum pero al cabo de cinco minutos, la Generalitat activó otras, estas con sedes en Londres y Luxemburgo.
Además, las sonoras declaraciones de aceptación al resultado del referéndum – después matizadas - de Jean-Claude Junker, no ayudan. Así como las publicaciones europeas como Financial Times y Le Monde, pidiendo al Presidente español afrontar políticamente la cuestión, declaraciones que resumen el fiasco de la no-actuación del gobierno central.
El bochornoso espectáculo que vimos de Guardias Civiles registrando imprentas y medios de comunicación, no debería repetirse, ya que caemos en la teatralidad de esta crisis institucional entre ambos gobiernos. El deseo legítimo de los ciudadanos de Cataluña de decidir qué quiere ser y cómo quiere organizarse no se alimenta del independentismo; reposa, esencialmente, sobre la injusticia de la mala organización del sistema del bienestar del estado y de la organización deficiente de su estructura territorial.
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