¿Qué se aprobó en el Parlament y qué supone?
- Anna Norte (@annanorte)
- 10 sept 2017
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¿Qué han aprobado en el Parlament?
El miércoles por la noche, la coalición Junts Pel Sí y la CUP -que tiene mayoría en el Parlament- consiguieron que se aprobara la ley de referéndum a pesar de las airadas objeciones de los diputados de la oposición, que se quejaban de que los procedimientos parlamentarios habituales habían sido menospreciados. La legislación aprobada por 72 votos después de que 52 diputados de la oposición salieron del Parlament en protesta al final de una larga sesión de 11 horas.
Las disputas han sido agudas. Tanto Junts Pel Sí y la CUP acusan a la oposición de utilizar las normas y las convenciones de la Mesa. Por su parte, C’s, PSC y PPC les acusan de utilizar con fines estratégicos rebajando las garantías de la minoría. Junts Pel Sí ha retirado la petición de pleno extraordinario del viernes puesto que deberá continuar el ordinario que empezó el miércoles 7.
Además, solo 24 horas después el mismo Parlament aprobó por mayoría absoluta la 'ley de transitorietat jurídica para la República' que dará a Cataluña un ordenamiento jurídico momentáneo que le permita pasar de la legislación española a la catalana.
¿Cómo ha reaccionado la oposición y el gobierno español?
La medida fue sancionada por el Gobierno español, que una vez más dijo que haría todo lo posible en su poder legal y político para impedir que la votación se prolongue el 1 de octubre. La advertencia se produjo después de que el presidente de Catalunya, Carles Puigdemont, convocara oficialmente el referéndum de independencia para el 1 de octubre, acto que declaró "por la libertad y la democracia". Después de un día de tenso debate, el parlamento aprobó la ley de referéndum a pesar de las quejas de los opositores en la Cámara. Madrid se opone a la independencia, argumentando que es una “violación de la constitución”, y se ha negado a ofrecer un referéndum al estilo escocés sobre el asunto.
Soraya Sáenz de Santamaría, consideró de vergonzosa traición a la democracia y a la Constitución española los actos celebrados, estos dos días en el Parlament. Posteriormente, el presidente del Gobieno, Mariano Rajoy, compareció y anunció que su ejecutivo presentaría recursos al Tribunal Constitucional, que más tarde consideraría anticonstitucionales las leyes aprobadas en el Parlament.
Por su parte, la jefa de la oposición por Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunció su intención de emitir una moción de censura contra Puigdemont, para forzar unas nuevas elecciones catalanas; un hecho que fue descartado tanto por el PPC como por el PSC.
¿Qué supone la aprobación de estas leyes?
El Gobierno catalán insiste en que los resultados de la votación de octubre serán jurídicamente vinculantes. Si tiene éxito, el gobierno regional declarará la independencia de España 48 horas después de que el resultado se encuentre en la construcción de un estado soberano. El referéndum sobre la independencia de Catalunya respecto de España está convocado con carácter vinculante. Según la ley aprobada en el Parlament, si hay más votos afirmativos que negativos la Cámara catalana declarará la independencia en los dos días siguientes a la proclamación de resultados. En caso contrario, se convocarán de inmediato elecciones autonómicas.
¿Al final será legal el referéndum?
A la respuesta de si se llegará a celebrar la votación el 1 de octubre, podemos decir que las medidas que el Estado pondrá en marcha para impedir el referéndum catalán a buen seguro imposibilitarán la celebración de la consulta de autodeterminación en los términos establecidos por el Govern y el Parlament de Catalunya. Sin embargo, el Ejecutivo catalán sostiene que el referéndum sobre la independencia se llevará a cabo el 1 de octubre según lo previsto, con absolutas garantías democráticas.
En cuanto a la legalidad, la consulta sobre la independencia de Cataluña sería ilegal según el ordenamiento constitucional que en 1978 una mayoría de catalanes respaldó en referéndum. La ley del Parlament que ampara la convocatoria se aprobó en un proceso carente de elementales garantías democráticas y en el que se excluyó a la mitad del hemiciclo. A pesar de ello, el Govern actual sostiene que la legalidad catalana avala el referéndum.
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