Marchas y contramarchas de la ley de marihuana en Uruguay
- Marcelo Desena (@marcelo_desena)
- 24 ago 2017
- 3 Min. de lectura
A mediados del mes de julio, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en el que el Estado se encarga de controlar el cultivo, empaquetado y venta legal en las farmacias de marihuana con fines recreativos. Con apenas 16 farmacias inscriptas en todo el país, ciudadanos registrados en un sistema de adquirientes pueden acceder a hasta 10 gramos por semana de una de las dos variedades disponibles de marihuana: Índica y Sativa. El costo de cada paquete (en presentación de 5 gramos) es de 6,5 dólares (5,5 Euros)
Este sistema comenzó con 4.959 adquirentes (consumidores registrados para comprar marihuana en farmacias) y actualmente cuenta con 12.460 personas registradas al 15 de agosto, según datos proporcionados por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). Asimismo, deben contabilizarse los Autocultivadores habilitados que alcanzan las 6.996 personas y los 63 Clubes de Membresía existentes. Entre estos tres sistemas, se estima que actualmente 25.000 consumidores de cannabis se encuentran en el sistema formal.
Si tomamos como referencia el informe de la Junta Nacional de Drogas de 2015 que señala que en Uruguay hay 55.000 consumidores frecuentes de cannabis, prácticamente la mitad de esa población se encontraría ya en el sistema formal. Lo cual significaría un avance sustantivo en la novel política de drogas planteada por Uruguay, en un contexto regional en que todos los demás países a su alrededor prohíben y combaten esta sustancia sin resultados contundentes.
El sistema financiero, primer gran obstáculo
Este significativo avance encuentra su primer gran obstáculo, el cual amenaza con tirar por tierra la política de legalización de marihuana uruguaya: el sistema financiero. Hasta ahora, varios bancos de plaza entre los que se encuentra el Santander, el Scotiabank y el Banco República (banco estatal) ya han cerrado cuentas de empresas que trabajan con cannabis. La principal razón para ello es que las corresponsalías financieras podrían negarse a operar con ellos si reciben fondos provenientes del negocio de la marihuana. Esto se debe a que, aunque en Uruguay el mercado de cannabis está regulado y amparado por ley, para estas compañías financieras que adhieren a la Convención de Viena de la Organización de Naciones Unidas, se trata de un negocio ilegal equiparable al narcotráfico.
El cierre de las cuentas bancarias de las farmacias expendedoras de marihuana no sólo implica un desincentivo a la venta formal —dado que varios establecimientos anunciaron que dejarían de expenderla—, sino que desestimula la apertura de nuevos puntos de venta.
Esta controversia cobró aún más notoriedad cuando el expresidente José “Pepe” Mujica irrumpió en la escena pública con la amenaza de “trancar el Parlamento” si el gobierno de su propio partido no logra encausar este conflicto. La amenaza a los otros liderazgos y sectores del Frente Amplio responde a la amplia representación parlamentaria del líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector mayoritario del oficialismo. La fuerte salida del actual Senador responde a las dificultades de instrumentación de la venta de marihuana en farmacias y a la postura del actual Ejecutivo en esta materia, pero también es un acto de defensa de su proyecto insignia: la ley de regulación de la marihuana aprobada en 2013.
Los defectos de origen del proyecto de ley, que no contemplaron la interacción del mercado local con las normativas financieras internacionales y la falta de previsión de las actuales autoridades económicas en no disponer de instrumentos de pago alternativos, han puesto en jaque a uno de los experimentos más avanzados en materia de regulación de drogas del continente.
Más allá de los obstáculos planteados, autoridades gubernativas buscan a todo nivel evitar la inminente paralización de la comercialización de cannabis con fines recreativos. De esta forma, se descomprimiría además el diferendo intrapartidario en el oficialismo.
Las posibles alternativas que se manejan para continuar la venta de cannabis en farmacias son diversas. Una de las opciones manejadas es que las farmacias operen fuera del sistema financiero bancario, mediante el mercado transaccional de cobros y pagos. Otra opción, como sucede en algunas regiones de Estados Unidos que legalizaron la venta, es establecer el negocio únicamente a través de efectivo. Esta posibilidad se ve distante, dado que en Uruguay rige un paulatino proceso de inclusión financiera que obliga a realizar transacciones sin efectivo.
Asimismo, esta semana se presentó una iniciativa ciudadana que busca defender el cumplimiento de la ley de regulación del cannabis. La propuesta es impulsada por Milton Romani (exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas), integrantes de la central sindical PIT-CNT, del Sindicato Médico del Uruguay, la ONG Pro Derechos, la Asociación de Farmacias del Interior, entre otros actores sociales. La propuesta se basa en el sistema de Estados Unidos, en el cual operan 368 instituciones del sistema financiero con empresas que trabajan con cannabis. La limitante está dada por la escala de estas instituciones y la dificultad de operar a nivel internacional, pero a estas horas se barajan diversas opciones para destrabar el obstáculo financiero.
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