¿Qué fue del 'pacto antiyihadista'?
- Adrià Huertas Vidal (@adriahuertas19)
- 20 ago 2017
- 3 Min. de lectura
Tras los atentados de Barcelona y Cambrils de la semana pasada se ha abierto el debate sobre si realmente estamos seguros y si estamos haciendo todo lo posible para hacer frente a la amenaza yihadista. Viene a nuestra memoria entonces el 'pacto antiyihadista' al que llegaron algunas formaciones del Congreso de los Diputados en febrero de 2015. Aquel acuerdo que firmaron PP, PSOE, Ciudadanos, Foro Asturias, Coalición Canaria, UPN, Unión y Partido Aragonés y UPyD y que además tiene como a observador del pacto a Podemos. ¿Pero realmente sabemos en qué consiste el pacto y si puede llegar a ser efectivo?
El pacto recibe el nombre de “Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en lucha contra el terrorismo”. Se basa en 8 puntos, poco más de dos folios, sobre las medidas que debe tomar el gobierno ante el nivel de alerta cuatro por atentado en el que está el país. Estos son los 8 puntos:
1. Modificación del Código Penal
Con este punto se modificaba la ley del Código Penal para redefinir el delito de terrismo ya recoger las “nuevas amenazas” contra el terrorismo yihadista que fue aprobada en marzo de 2015 en el Congreso de los Diputados.
Se sanciona con esta ley la captación y adiestramiento de terroristas, incluido el adiestramiento pasivo, el uso de las redes sociales e Internet a estos efectos, el envío de combatientes, las conexiones con las redes de facilitación de terroristas, la financiación de las organizaciones terroristas, el papel de los retornados y los llamados “lobos solitarios”.
2. “Máxima pena” para los delitos de terrorismo
Este punto estipula la aplicación de la “máxima pena privativa de libertad” recogida en el Código Penal. Desde julio de 2014 es la prisión permanente revisable, una medida introducida por el PP que no contaba con el apoyo del PSOE.
3. Reforzar a las fuerzas de seguridad, jueces y fiscales
Impulsar la creación de leyes para reforzar el marco jurídico para que los jueces, fiscales y Cuerpos de Seguridad sean más eficaces en la investigación criminal de delitos de terrorismo. Dos ejemplos de nuevas leyes son la de Seguridad Nacional y Enjuiciamiento Criminal, que permite la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas (SMS, correo electrónico y Whatsapp) así como el uso de claves y virus para tener acceso a ordenadores, móviles o cualquier dispositivo electrónico sin que el titular tenga conocimiento de que está siendo vigilado.
4. Honrar a las víctimas
Incluye “honrar con la dignidad debida la memoria de las víctimas” y el “apoyo a sus asociaciones y organizaciones representativas”. Para ello, España impulsó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un estatuto internacional de reconocimiento y protección a las víctimas del terrorismo.
5. Recursos humanos y materiales
Este punto quiere dotar a la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los servicios de inteligencia de recursos humanos y materiales necesarios para luchar más eficazmente contra el terrorismo
6. Combatir la erradicación
Poner en marcha políticas activas eficaces que erradiquen cualquier expresión racista, xenófoba o discriminatoria motivada por la intolerancia respecto a distintas opiniones, creencias o confesiones religiosas. En esta dirección, el gobierno aprobó un plan estratégico nacional para prevenir la radicalización en las cárceles.
7. Colaboración internacional
Buscar que los países miembro de la Unión Europea y las instituciones internacionales adopten medidas políticas de prevención, persecución, cooperación y sanción penal contra el terrorismo.
En este sentido, España aboga en Europa por que se registre la identidad de pasajeros en las fronteras interiores y se refuerce la seguridad de las nuevas fronteras exteriores de la UE. También España firmó en su día el Protocolo adicional al Convenio para la Prevención del Terrorismo del Consejo de Europa que pretende impedir las idas y retornos de yihadistas a zonas de conflicto.
8. Buscar consensos entre los partidos
Este punto se refiere a la intención de que este acuerdo promueve iniciativas legislativas en las Cortes para poder alcanzar el más amplio consenso entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
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