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El veto de Gobierno bloquea las iniciativas legislativas del congreso

  • Adrià Huertas Vidal
  • 30 nov 2016
  • 2 Min. de lectura

El ejecutivo de Mariano Rajoy ha vetado ya 10 proposiciones de ley iniciadas por la oposición



Nadie dijo que fuera a ser fácil. Parce que la investidura de Mariano Rajoy, la formación de gobierno y un congreso variopinto que representa a la población no son suficiente para llevar a cabo las reformas que necesita el país. Y es que el ejecutivo de Rajoy ha vetado en lo que llevamos de legislatura hasta 10 propuestas de ley presentadas por los demás grupos parlamentarios.


El PP sigue gobernando como si mantuviera la mayoría absoluta de la anterior legislatura sin acordarse que ahora le toca someterse y acatar las decisiones que surjan del resto de los grupos políticos representados en el congreso. Pero lo cierto es que, con la ley en la mano, Rajoy no hace trampa. Según el artículo 134.6 de la Constitución y el 126 del reglamento del Congreso, el Gobierno tiene la autoridad de vetar iniciativas legislativas que impliquen un incremento de gasto.


"Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".


Artículo 134.6 de la Constitución Española

"Su remisión al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios".


Artículo 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados


De esa manera, el Gobierno de Rajoy ha vetado hasta ahora la tramitación de diez proposiciones de ley presentadas por los grupos de la oposición y por varias asambleas legislativas de las comunidades autónomas, haciendo un uso excesivo de esa facultad. Entre ellas se incluyen las cinco preposiciones de ley del PSOE (paralización de la LOMCE, subcontratas, supresión de tasas judiciales, pobreza energética y universialización de la asistencia sanitaria, una de Ciudadanos (sobre autoconsumo eléctrico) y cuatro de parlamentos autónomos (una de Murcia sobre el autoconsumo energético, otra del País Vasco para compensar a víctimas del amianto, otra de Galicia para disminuir la titularidad de la autopista de peage AP-9, y otra de Baleares sobre emprendedores).


El Gobierno ha vetado estas diez proposiciones de ley considerando que, según los cálculos del PP, implicarían una desviación presupuestaria de más de 5.000 millones de euros.

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